Colegios privados deben presentar estados financieros a sus usuarios para evitar sanciones
En
el marco del estado de emergencia sanitaria, el Ministerio de Educación publicó
el Decreto
Legislativo N°1476, el cual busca garantizar que la información
suministrada por los colegios privados sobre la prestación de sus servicios sea
transparente.
Es
importante recordar que debido al ordenamiento de confinamiento para disminuir
los casos de contagio y evitar la propagación del coronavirus, el Gobierno autorizó
la implementación de clases virtuales.
Desde
el mes de abril se vienen ejecutando las clases no presenciales, sin embargo,
los padres no están conforme con el cobro de las pensiones que realizan algunos
colegios privados. En este sentido, el Minedu ha recibido una cantidad
importante de denuncias.
El
despacho de educación fomentó el diálogo entre los representantes de los
colegios y los padres de familia, no obstante, los esfuerzos fueron en vano.
Según Martín Benavides, titular del Minedu, los colegios no pudieron justificar
por qué no pueden disminuir el costo de las mensualidades.
¿Qué dice el decreto?
Benavides
explicó que el ministerio no tiene facultad para regular el precio de las pensiones
de los colegios privados, pero sí puede solicitar a las instituciones que
sean más transparentes en su plan de trabajo.
El
decreto establece que las instituciones educativas privadas deben informar
sobre los servicios que brindan de manera presencial y cuáles no, en virtud del
estado de emergencia. La información debe ser enviada a los usuarios por
cualquier medio, en un plazo no mayor de 7 días calendario de haber sido
aprobado este decreto, es decir, antes del 11 de junio.
Ahora,
los colegios deben presentar a los padres su estructura de costos, cómo está
conformado el precio de la pensión, qué costos se tenían previstos en la etapa
presencial y en la no presencial.
De
no enviarse la información respecto a las prestaciones y costos, situación financiera
y además, verificar la recepción de estos documentos, los colegios privados se
exponen a infracciones entre 10 y 50 UIT.
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