En el Perú, las Micro y Pequeñas Empresas (Mypes) no solo representan una parte fundamental de la economía nacional, sino que también tienen la responsabilidad de garantizar condiciones de trabajo seguras para sus empleados. Por ello, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) ha reiterado que las Mypes están obligadas a contar con un Plan de Respuesta ante Emergencias, como parte de lo establecido por la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley N.º 29783).

Esta ley establece una serie de lineamientos que buscan prevenir y controlar riesgos laborales. Entre ellos, destaca la obligación de contar con medidas para responder eficazmente ante emergencias como incendios, sismos, fugas de gas, derrames de sustancias peligrosas o accidentes laborales.

¿Qué debe incluir un plan de emergencia?

Un plan efectivo no solo se limita a reaccionar ante una situación crítica, sino que debe estar correctamente estructurado e implementado. Este plan debe contemplar:

• Identificación de riesgos potenciales (sismos, incendios, fugas, etc.)

• Asignación de roles dentro del personal en caso de emergencia

• Establecimiento de zonas seguras y rutas de evacuación

• Sistemas de comunicación claros y eficientes

• Capacitación regular a brigadas de emergencia

• Simulacros periódicos para evaluar la efectividad del plan

“Estar preparados para lo inesperado permite minimizar daños y salvar vidas. Una respuesta efectiva ante una emergencia proyecta una imagen responsable y confiable”, afirmó Michael Guevara Varela, superintendente de Sunafil.

¿Quiénes deben implementar este plan?

Todas las Mypes, sin excepción. Es decir, tanto las microempresas, aquellas que no superan las 150 UIT anuales (802,500 soles), como las pequeñas empresas, con ventas anuales que no exceden las 1700 UIT (9,095,000 soles) deben cumplir con este requisito.

Además, es importante tener en cuenta que este tipo de obligaciones no dependen del tamaño del local o el número de trabajadores, sino del nivel de riesgo al que están expuestos los empleados.

IPERC: herramienta clave para prevenir

Otro de los elementos esenciales del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) es la Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles (IPERC). Esta herramienta permite detectar posibles peligros en el entorno laboral, evaluarlos y establecer controles preventivos.

Gracias al IPERC, los empleadores pueden tomar decisiones basadas en el nivel real de riesgo y priorizar las acciones más urgentes para proteger tanto a sus trabajadores como a su negocio.

Capacitación obligatoria para todo el personal

La ley también exige que todos los trabajadores sean capacitados en materia de seguridad y salud laboral, no solo al momento de su contratación, sino también cuando:

• Asuman nuevas funciones

• Se introduzcan nuevos procesos o tecnologías

• Se presenten cambios en el entorno de trabajo

Estas capacitaciones deben ser documentadas y actualizadas periódicamente, ya que forman parte del sistema de gestión integral.

Comité o supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo

Otro aspecto obligatorio, según la Ley N.º 29783 y su reglamento, es la conformación de un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o, en su defecto, la designación de un supervisor:

• Empresas con 20 o más trabajadores deben contar con un Comité de SST.

• Empresas con menos de 20 trabajadores deben designar a un Supervisor de SST.

El comité o supervisor es el encargado de monitorear continuamente las condiciones laborales, realizar inspecciones internas en áreas críticas, verificar el uso adecuado de equipos de protección personal (EPP), revisar señalización, condiciones eléctricas, orden y limpieza, rutas de evacuación, entre otros aspectos.

¿Qué pasa si no cumplo con estas obligaciones?

La falta de implementación de un plan de emergencia, o la ausencia de capacitación y supervisión en seguridad laboral, puede generar infracciones administrativas y sanciones económicas por parte de Sunafil. Estas pueden ir desde amonestaciones hasta multas que afectan directamente la economía del negocio.

Pero más allá de lo legal, no cumplir con estos lineamientos puede poner en riesgo la vida y la integridad física de los trabajadores, además de afectar gravemente la reputación del negocio frente a clientes, proveedores y la comunidad.

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