El lavado de activos, también conocido como lavado o blanqueo de dinero, legitimación de capitales o ganancias ilícitas, es un delito autónomo que tiene como objetivo disfrazar o ocultar el origen ilícito de dinero, bienes o ganancias obtenidos a través de actividades delictivas.

Este proceso es complejo y se realiza mediante múltiples operaciones para insertar estos recursos en el sistema financiero legal y, de esta manera, darles una apariencia de legalidad.

Proceso del Lavado de Activos

El lavado de activos abarca actividades como la conversión, transferencia, ocultamiento, tenencia y transporte de dinero o bienes con origen ilícito. Estas acciones pueden ser llevadas a cabo tanto por personas naturales como jurídicas, y su propósito final es introducir estos recursos ilegales en la economía de un país.

Según el Decreto Legislativo N° 1106, los delitos que preceden al lavado de activos incluyen: delitos contra la administración pública, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, minería ilegal, trata de personas, tráfico de armas, secuestro, proxenetismo, delitos tributarios, extorsión, robo, delitos aduaneros, entre otros. A través de este proceso, se busca que los fondos obtenidos de estas actividades delictivas aparenten ser legítimos para luego integrarlos al sistema económico-financiero.

¿Qué es el financiamiento del terrorismo?

El financiamiento del terrorismo (FT) es un delito autónomo que consiste en proporcionar o recolectar fondos, recursos financieros o servicios conexos destinados a realizar actos terroristas, asegurar la existencia de un grupo terrorista o apoyar sus actividades. A diferencia del lavado de activos, los recursos que financian el terrorismo pueden tener origen lícito o ilícito, ampliando el alcance de este delito.

Este delito busca financiar la ejecución de los delitos tipificados en el Decreto Legislativo N° 25475, así como los actos terroristas establecidos en los tratados internacionales de los que Perú es parte.

Sistema de prevención y control en Perú: SILAFIT

Perú ha implementado el Sistema Anti Lavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo (SILAFIT), un régimen nacional orientado a combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (LA/FT) de manera organizada. Este sistema incluye tres componentes clave:

1. Prevención: Este componente busca proteger a los sectores económicos y financieros para evitar que sean utilizados en operaciones de LA/FT. Para ello, se establecen regulaciones y controles que disminuyen la exposición del sistema financiero a este tipo de actividades.

2. Detección: En esta fase, se identifican actos de LA/FT a través de alertas de operaciones inusuales y reportes de operaciones sospechosas. La Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú) recibe y analiza esta información, la cual se utiliza para fines investigativos, manteniendo la confidencialidad. La investigación penal cuenta con el apoyo de técnicas especiales de la Policía Nacional y el Ministerio Público para profundizar en los casos detectados.

3. Represión Penal: Este último componente está enfocado en sancionar y probar, dentro del debido proceso, los delitos de LA/FT, con el objetivo de decomisar los activos ilícitos y dar fin a la actividad delictiva. El proceso judicial garantiza la recuperación de activos mediante procedimientos penales que buscan cerrar el ciclo de este tipo de delitos.

Coordinación y cooperación: Claves del SILAFIT

La efectividad del SILAFIT radica en la cooperación entre el sector público y privado, y en la colaboración con la comunidad internacional. La interacción entre estos componentes permite detectar y prevenir el uso del sistema financiero con fines ilícitos, así como sancionar efectivamente las actividades de LA/FT.

Impacto del Lavado de activos y financiamiento del terrorismo en la sociedad

El impacto del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo va más allá del ámbito financiero; afecta también la seguridad y el desarrollo social de un país. Al permitir que recursos ilegales entren en la economía, se generan distorsiones en los mercados, competencia desleal, y se favorece la corrupción en sectores clave. Esto no solo debilita las instituciones públicas y privadas, sino que también impide el crecimiento económico sostenido y limita la inversión en áreas esenciales como educación, salud e infraestructura. La lucha contra el LA/FT es, por lo tanto, una acción esencial para construir una sociedad más justa, segura y equitativa.

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